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Talleres clandestinos: “Las marcas son responsables”

Se cumplieron 13 años del incendio del taller textil clandestino de la calle Luis Viale al 1269, en el barrio de Caballito, donde sobrevivientes, amigos y organizaciones migrantes se reunieron por memoria y justicia. El caso develó por su gravedad el entramado que implica a inspectores de la Ciudad, la Policía Federal, fabricantes y propietarios de marcas que encargan la producción en estos talleres donde son explotados principalmente inmigrantes.

Un 30 de marzo de 2006 fallecían seis migrantes bolivianos en su lugar de trabajo, un espacio sin ninguna garantía de seguridad, donde las jornadas laborales se extendían hasta por 12 horas: Harry Rodriguez (3), Rodrigo Quispe Carbajal (4), Luis Quispe (4), Elías Carbajal Quispe (10), Wilfredo Quispe Mendoza (15) y Juana Vilca (25). En 2016 la Justicia condenó a los encargados del taller, Juan Manuel Correa y Luis Sillerico, a 13 años de cárcel por reducción a la servidumbre y estrago culposo seguido de muerte.

Pero el pedido de justicia continúa, ya que el fallo de 2016 sentó jurisprudencia, y ordenó a continuar con la investigación para responsabilizar además a los propietarios del inmueble donde funcionaba el taller y a los dueños de las marcas de ropa que trabajaron con los capataces. Se trata de Jaime Geiler y Daniel Fischberg, propietarios de las marcas JD, Loderville y Wol, quienes siguen en libertad y aún tienen funcionando una de sus fábricas a 150 metros de Luis Viale, en la calle Galicia 1241.

La investigación sigue su curso, muy lento para los involucrados, pero es el comienzo para que en estos incendios como el de Flores en 2015, se deje de condenar solamente al eslabón más débil de la producción textil para condenar también a los propietarios de las marcas que buscan aumentar sus ganancias trabajando con talleres clandestinos.

En el caso Luis Viale existen pruebas: Geiler y Fischberg son dueños del lugar y, además, los capataces Correa y Sillerico, habian contraído un préstamo con ellos para comprar más máquinas y cumplir con las demandas de sus empleadores. Existe entonces, como estipula el artículo 4 de la Ley 12.713 de Trabajo a Domicilio, una “responsabilidad solidaria”.

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