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Ciberpatrullaje: vigilancia masiva en redes sociales

El 7 de abril un joven de Balcarce incluyó en un tuit la palabra «saqueo» y dos días después fue notificado de que le habían iniciado una causa penal por el supuesto delito de “intimidación pública”. El proceso se inició a partir de las tareas de control general en redes sociales desarrolladas por las fuerzas de seguridad. Esta actividad, denominada como ciberpatrullaje por el Ministerio de Seguridad, comenzó en el marco de la emergencia sanitaria y abrió un debate sobre la legalidad de esta práctica. Barricada TV conversó al respecto con Tamara Peñalver, Directora Ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y abogada penalista de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

«Desde hace mucho tiempo se viene trabajando para dar a conocer los problemas y los peligros que implican realizar tareas de inteligencia de forma ilegal en Argentina», explicó Peñalver, quien además es Coordinadora del equipo de analistas del fenómeno criminal de trata de personas en la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina.

Desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), institución que integran el CELS, la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, se destacó en un comunicado que “las actividades de inteligencia masiva están prohibidas” y recordó que tanto el Ministerio como las fuerzas de seguridad “sólo tienen competencia para realizar tareas de inteligencia criminal atadas a una hipótesis o amenaza específica y respetando las restricciones que establece la Ley de Inteligencia”. Según el artículo 211 del Código Penal, la broma realizada por Kevin Guerra prevé una pena de hasta seis años de prisión.

«Para que la inteligencia criminal, a través del monitoreo de redes sociales sea legal hay que establecer hipótesis delictivas claras: en las comunicaciones por redes falta un tipo de contexto que vuelve muy peligrosa la vigilancia al azar» explicó la abogada y alertó que «su uso implica correr un riesgo innecesario para los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, con la gran probabilidad que se instalen prácticas que luego son difíciles de erradicar, tal como hemos visto que ha ocurrido en todo nuestro sistema de inteligencia a lo largo del tiempo».

Durante los últimos días, ante la mirada de organismos de Derechos Humanos y el rechazo que generó la medida, la Ministra Frederic presentó un borrador del protocolo para regular el tema.

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