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Nueva Ley de Apps: «Viene a institucionalizar la precarización laboral»

Tras la aprobación de la Ley que regula el trabajo de reparto por medio de aplicaciones en la Legislatura Porteña, las y los repartidores expresaron su rechazo a la nueva normativa. «Va en contra de todos los reclamos que venimos haciendo», sostuvo Maximiliano Martínez, repartidor y miembro de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR).

En primer lugar, cabe mencionar que la Ley en cuestión no fue tratada desde lo laboral sino desde la Comisión de Tránsito. El proyecto de Vamos Juntos (Juntos por el Cambio en la Ciudad), que también fue acompañado por Martín Lousteau, no contempla la realidad de los repartidores según Martínez. Es «una ley que parece escrita a puño y letra por parte de las empresas», agregó.

Por su parte, el bloque del Frente de Todos se abstuvo en la votación, aunque logró incluir modificaciones en el proyecto: que las empresas se hagan cargo de distribuir elementos de higiene y seguridad a los repartidores y que exista un límite sobre las comisiones que cobran las empresas de reparto a los comercios. El bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores, aunque rechazó la Ley, consiguió quitar las restricciones para que los repartidores que vivan en Provincia de Buenos Aires también puedan repartir en la ciudad, limitación presentada en el proyecto original.

«Estamos hablando de trabajadores que tienen que trabajar doce, catorce, y a veces más horas, para llegar a cubrir la mitad de lo que es la canasta familiar», explicó Martínez. Es que los repartidores no tienen una remuneración fija ni tampoco las prestaciones básicas de cualquier trabajador registrado o en relación de dependencia. Y en el contexto de pandemia el delivery se convirtió en una de las actividades esenciales, sin embargo, la nueva Ley «coloca sobre las espaldas de los trabajadores muchísimas obligaciones que deberían tener las empresas». Ejemplo de ello son las capacitaciones sobre vialidad y los registros que deberán hacer los repartidores para estar habilitados, mientras las empresas del rubro, todas trasnacionales, continuarán con las responsabilidades mínimas.

Desde ATR expresaron que más allá de la aprobación de esta Ley, es necesaria una intervención desde el ámbito nacional y una presencia del Ministerio de Trabajo en este conflicto. De no ser así, Martínez describió que se trataría de una forma de «institucionalizar la precarización laboral». De hecho, describió Martínez, «desde los cuatro meses que arrancó la pandemia ya van siete compañeros muertos».

Aunque los repartidores son considerados trabajadores esenciales y las empresas como Pedidos Ya, Rappi, Glovo y Uber Eats continuaron y hasta aumentaron sus ganancias debido al aumento en la demanda, no queda claro aún cómo será el cumplimiento de estas empresas de lo dispuesto por la nueva Ley en lo relacionado a la entrega de elementos de higiene y seguridad. Hasta el momento, Martínez retrató: «nos dan cada quince días un barbijo que se degrada a las cuatro horas, un par de guantes descartables, que a las dos horas, con los manubrios, se deshacen totalmente. Y no nos dan alcohol en gel».

Las respuestas hacia la aprobación de la Ley no se hicieron esperar. Durante la votación, el último 16 de julio se realizó una vigilia de distintas agrupaciones de repartidores para expresar su rechazo. Martínez denunció que miembros de ATR fueron atacados brutalmente por una patota sin pecheras ni identificación vinculada con la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM).

Al momento, Martínez adelantó: «estamos preparando las condiciones para salir nuevamente a la calle». ATR es una agrupación que lleva tres años organizando a los repartidores para reivindicar sus derechos en seis provincias del país. Llevan organizadas varias marchas y también coordinaron sus reclamos en paros internacionales de repartidores. Esta visión internacional del conflicto tiene que ver con la trasnacionalización de las apps de repartos, que operan de la misma forma en todo el mundo, y por lo tanto se trata de una lucha global. «Las patronales que tenemos son prácticamente las mismas en todos los países», concluyó Martínez.

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