La decisión de la justicia peruana se dio tras los asesinatos perpretados por la Policía del gobierno de facto de Dina Boluarte. El abogado y ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu, contó en el Noticiero Popular cuáles fueron las repercusiones del fallo.

La sentencia tiene su origen en la respuesta para resolver la causa de cuatro campesinos que fueron condenados en 2019 por protestar contra la empresa minera Las Bambas, en la región andina de Apurímac. Sin embargo, se sirve de jurisprudencia para criminalizar la protesta en un contexto de amplio rechazo a la gestión de Boluarte, que destituyó al expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado.

Tras las protestas suscitadas por esta destitución, fueron asesinadas más de 60 personas a manos de las fuerzas de seguridad.