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De la contrainformación a la masividad

“Se han adelantado, son la vanguardia de una lucha que ahora se va a hacer con mucho mas empuje… mañana voy a poner el ejecútese a la nueva Ley de Telecomunicaciones y ahí aparece señalado un artículo muy extenso y preciso sobre las comunidades, que tienen derecho, el derecho a gestionar y manejar medios de comunicación comunales y comunitarios”
Hugo Chávez Frías sobre medios comunitarios en Venezuela / 2002

Nuestro continente atraviesa una vez más amenazas del imperio y sus aliados locales, quienes ponen sus armas militares e ideológicas al servicio de los enemigos de una América soberana y su pueblo. Las operaciones de injerencia de Estados Unidos sobre la política interna de nuestros países y el papel que cumplen las empresas mediáticas en la construcción de climas destituyentes obliga cada día más a sentar las bases que permitan realizar los cambios necesarios para profundizar un rumbo decisivamente transformador en algunos países, y en otros comenzar a transitarlos. Pero sobre todo obligan al pueblo organizado a tomar las riendas de su propio futuro.

Es una realidad incuestionable que en toda Latinoamérica los sectores conservadores quieren seguir manteniendo el control de la política, la economía y la cultura a cualquier precio, desatando toda su agresividad para no perder la hegemonía. Campañas de desprestigio, montajes judiciales, desapariciones forzadas, despojo de recursos, aislamientos y bloqueos económicos, entre otras operaciones, se justifican a través de los medios de comunicación, que juegan un rol innegable en la consolidación del neoliberalismo.

En ese contexto el escenario que se abrió en algunos países de la región, producto de una Patria Grande convulsionada como reflejo de los proyectos de integración continental antiimperialista y antineoliberal, estableció un terreno fértil para ver realizadas reivindicaciones y banderas históricas respecto a la democratización de los medios. La Venezuela de Hugo Chávez dio el primer paso, tras el frustrado golpe de Estado de 2002. Este episodio, que tuvo a los medios comerciales concentrados y a los empresarios como cabeza de la maniobra, puso en primer plano temas secundarizados hasta entonces, como la regularización de la comunicación y su rol sobre la subjetividad social. Esto, sumado a la decisión política de empoderar al pueblo para que construya sus propios medios de comunicación, permitió avanzar en una legislación que reguló y a la vez legalizó a los medios alternativos del país hermano.

La propuesta bolivariana llegó a otros puntos del continente y permitió abrir debates que desde las décadas de los 60 y 70 no habían estado tan instalados en el conjunto de la sociedad: Quiénes son los dueños de los medios y las ideologías que detentan, cómo se realizan las operaciones mediáticas y qué tipo de sociedad e individuo se instala como modelo para ser y estar en el mundo
Argentina se inscribe en este debate, aunque con definiciones políticas enmarcadas en un proyecto capitalista, y con un gran desafío todavía inconcluso. Luego de más de cinco años de aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), su aplicación sigue siendo demasiado tímida. Sin embargo, el saldo el positivo respecto a los debates que abrió en la sociedad acerca de la propiedad monopólica de los medios y la concepción de la información como un producto más del mercado. Para el campo popular, la encrucijada sigue siendo la misma desde el momento de su aprobación: si la entendemos como una ley más o si la ponemos a jugar a favor de los sectores desposeídos y explotados, entendiéndola como un eslabón dentro de la cadena de cambios estructurales a realizar.

Son innegables los cambios históricos que incorporó la letra de la LSCA: se reconocieron los medios sin fines de lucro, reservándoles el 33% del espectro radioeléctrico; se limitó la multiplicidad de licencias de un mismo operador, reduciéndose de 24 a 10 en todo el país, con la imposibilidad de superar el 35% de la audiencia o de los abonados, para así desconcentrar el mapa mediático. Se «reglamentaron» los valores de la diversidad discursiva, el pluralismo de voces, el derecho a la comunicación y la libertad de expresión; el Estado se transformó en el garante para que, al aplicar la ley, esos valores se materialicen.

Pero aquella promesa tipificada planteó un desafío que el gobierno no supo, no quiso o no pudo encarar integralmente. Si sólo nos limitáramos a analizar la pretendida reestructuración del mapa mediático a partir del llamado a concurso y la posterior entrega de licencias, los números marcarían una distancia importante de aquellas promesas. Si se suman todas las autorizaciones, frecuencias y licencias otorgadas por AFSCA hasta el momento (casi 1500, según el balance 2014 de AFSCA), los medios sin fines de lucro recibieron el 12% de las licencias (todas distribuidas en zonas sin conflicto), a diferencia del 29% para medios públicos (estatales y no estatales) y de un contundente 59% para medios comerciales. Mientras tanto, se enumeran 45 televisoras de baja potencia y 200 radios sin fines de lucro que recibieron reconocimientos o autorizaciones precarias. Si esos casos se convirtieran en licencias, estaríamos hablando de un 25% para medios sin fines de lucro.

La estructuración del mapa de medios no es un aspecto azaroso ni de menor importancia. El hecho de que el mapa argentino no haya variado estructuralmente con una nueva ley da la pauta de la concepción ideológica que se tiene de la comunicación en el país, y cómo el modelo comercial imperante (históricamente importado de Estados Unidos) sigue marcando el rumbo de la radio y la televisión. Esto sucede pese a que en respuesta a la ofensiva ideológica de las clases dominantes y los medios de comunicación hegemónicos, brotan cada día más las producciones alternativas, que disputan la concreción real de la democratización en el campo de los medios.

La pluralidad de voces no va a surgir porque una ley lo dictamine, ni los poderes concentrados van a disolver sus empresas mediáticas que generan grandes sumas de dinero. Serán los medios alternativos, populares y comunitarios, los mismos que dieron fundamento al 33% del espectro en sin fines de lucro dentro de la ley, los que tendrán que ponerse al hombro este desafío y pelear por un espacio en el espectro.

Por eso Barricada TV hoy se desafía a pelear por la masividad, al presentarse a los recientemente llamados a concursos para ingresar a la Televisión Digital, con el objetivo de instalar una pantalla contrainformativa que debata contra el sentido común y que anime a las organizaciones políticas y movimientos sociales a tomar los medios de comunicación como parte de una disputa estratégica.
Entonces, potenciar otra forma de hacer periodismo y comunicación desde los medios alternativos significa construir una pantalla amplia, comprometida con las tradiciones de lucha históricas en la Patria Grande, dando cabida y potenciando la mayor cantidad de voces desde el campo popular.

Si el pueblo organizado no toma la tarea, va a ser una vez más, un lugar cedido a las clases dominantes y sus monstruosos multimedios. Por eso decimos que la lucha por la democratización y la efectivización de 33% es también por la conciencia y por la disputa de poder de los de abajo. La tarea sigue siendo, entonces, que el pueblo se organice y tome las riendas de su propio futuro.

Juan Ignacio Revestido // Luciana Lavila
Barricada TV

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