Últimas

Denuncian ante la CIDH que el Gobierno de Macri impone su voluntad política eludiendo el Congreso

Los firmantes de la presentación evalúan que desde el 10 de diciembre el Gobierno de Mauricio Macri “ante la imposibilidad de obtener la mayoría necesaria para el trámite ordinario de sanción de leyes en el Congreso Nacional, intenta imponer su voluntad política a través de un plan que abarca, por un lado, eludir el Congreso, y por el otro, legitimar los decretos-leyes sancionados.” Sostienen que “solo excepcionalmente el orden constitucional permite que el Poder Ejecutivo dicte decretos por razones de extrema necesidad y urgencia cuando resulte imposible agotar los trámites ordinarios del Congreso. Si no se cumplen estas condiciones, los decretos sancionados por el Presidente no encuadran en la excepción a la regla general, y por lo tanto emergen como meros decretos-leyes”.

Denuncian que de esta manera se está vulnerando el derecho de todos los argentinos y argentinas de participar en los asuntos públicos a través de sus representantes elegidos libremente. Por ello solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares en el marco de lo que la CDIH establece en su artículo 25: “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

En un mes de gobierno, el Presidente sancionó múltiples decretos-leyes. Se trata de los N° 211/2015; 13/2015; 256/2015; 257/2015; 267/2015 y el 73/2016. Entre los Decretos que aprobó se encuentran el 83/15 por el cual se designaron dos jueces de la Corte Suprema de Justicia y la modificación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Asimismo el Estado Argentino ha incumplido con las sentencias del Poder Judicial, ya que si bien a las cautelares que el juez federal subrogante a cargo del Juzgado Federal Civil y Comercial 7, Iván Garbarino, y la jueza federal a cargo del Juzgado Federal Contencioso de San Martín 2, Martina Forns, resolvieron hacer lugar y suspender provisoriamente los efectos de los decretos que modificaban la ley de medios, cuando el directorio desplazado decidió ingresar al edificio, las fuerzas de seguridad lo impidieron. El Gobierno Nacional apeló el fallo y el juez Garbarino mantuvo la cautelar confirmándose así la suspensión de los efectos de los decretos en cuestión. No obstante ello, las fuerzas de seguridad impidieron nuevamente el cumplimiento de la sentencia.

Entre los firmantes se encuentran Eduardo Murúa, en representación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Guillermo Robledo, en representación del Movimiento Helder Cámara para la Paz entre las Religiones, Esteban Castro en representación de la Confederación General de Economía Popular, Hugo Yasky, en representación de la Central de Trabajadores de la Argentina, Adolfo Barja, en representación del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, Julio Urien, en representación de la Federación Interactiva para Promover la Cultura de Agua y Fernando Muñoz, Ex Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presentación CIDH completa

Artículos Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Mirar Además

Cerrar