Movilización por la liberación de presos y presas politicos

Con la participación de numerosas organizaciones sociales y políticas, se realizó el martes 5 de febrero una marcha hacia la Plaza de Mayo en reclamo por la escalada represiva de parte del estado, en todo el país.

Convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia junto al FOB (Federación de Organizaciones de Base), se realizó ayer una marcha contra la escalada represiva llevada a cabo por el Gobierno Nacional, los Gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y para exigir la libertad de los presos políticos de Bariloche, quienes fueron detenidos por orden del Juez Calcagno en la causa por los saqueos del pasado 21 de diciembre en la localidad rionegrina.

Poco después de las 17.30 hs., una multitudinaria columna partía desde Avda. de Mayo y 9 de Julio para marchar a Plaza de Mayo, que contó con la participación de más de 400 organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de Derechos Humanos que se sumaron al repudio a la represión y a la detención de las y los compañeros de la barilochense Cooperativa 1º de Mayo.

Christian Castillo y Myriam Bregman, del PTS; Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, «Quique» Fukman, de la Asociación de Ex – Detenidos – Desaparecidos y Analía Casafú, de Asambleas del Pueblo, entre otros dirigentes políticos y sociales, encabezaron la columna que llegaría cerca de las 18.20 hs. a la histórica Plaza, mientras se leían las adhesiones que llegaron de todo el país y de Latinoamérica.

Cabe recordar que esta movilización formó parte de marchas simultáneas que se dieron en Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Resistencia (Chaco), Bariloche y Fisque Menuco (Río Negro) y en Jujuy, en nuestro país mientras que la mayoría de las que se realizaron en el exterior, tuvieron lugar en Brasil, donde las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo, Recife y Curitiba, entre otras, se sumaron al reclamo popular, al igual que en Uruguay, Paraguay y Chile.

Por otra parte, debemos destacar la presencia de los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, y de una delegación de la Sala Alberdi, al igual que compañeras y compañeros del Sanatorio «La Florida», quienes se encuentran en lucha por su fuente de trabajo.

Durante el transcurso del acto, se leyó el documento consensuado en el colectivo Memoria, Verdad y Justicia, y el elaborado por las organizaciones integrantes del FOB. El primero, destacó que la concurrencia a la histórica plaza era para denunciar la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte de los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, recordando luego las luchas del Pueblo Qom, quienes sufrieron el asesinato de Celestina Jara y su nieta de 8 meses, y de Juan Daniel Asijak, sobrino del Qarashe Félix Díaz para luego referirse a las detenciones y torturas en las comisarías de la provincia del Chaco, y de los integrantes de la Cooperativa 1º de Mayo en Bariloche.

Recordaron a Mariano Ferreyra y repudiaron la tercerización de la represión y el accionar de las patotas, al igual que la lucha contra la minería en Andalgalá, provincia de Catamarca y se solidarizaron con los vecinos del Parque Centenario, ante la represión sufrida por parte de la Policía Metropolitana cuando expresaron su negativa a la colocación de rejas en dicho paseo porteño.

Finalizaron, solicitando la anulación de las leyes antiterroristas y el cierre de las causas a todos los luchadores que se encuentran actualmente procesados, señalando que «éste no es el gobierno de los Derechos Humanos», refiriéndose al Gobierno Nacional, porque «es un gobierno que reprime la protesta, que criminaliza, que encarcela y acusa de terroristas a los que se organizan y luchan por sus derechos», como también lo responsabilizaron por los asesinatos de luchadores populares, y concluyeron que «nos organizamos y salimos a luchar para arrancar de la cárcel a nuestros compañeros y enfrentar la represión».

Del mismo modo, el FOB expresó en su declaración que exigen la «liberación inmediata de los 11 detenidos por razones políticas», refiriéndose a Catalina Lineros, Haide Grande, Gisele Poblete, José Paredes y Miguel Mansilla, quienes fueron acusados de instigación al saqueo, y Blanca Grande, Patricia Santos, Carla «la Tana» Sanpirisi, Claudio Alderete, Pablo Mansilla y Maximiliano Careaga, detenidos tras el corte en la Ruta 40 para reclamar por la libertad de las y los primeros.

«Responsabilizamos por esta embestida contra los sectores populares, por la persecución política y social, por la desatención social evidenciada en Bariloche y por la privación de la libertad a militantes sociales cooperativistas no solo al juez de instrucción Ricardo Calcagno y a toda la justicia rionegrina, sino también al Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner, al gobierno Provincial de Rio Negro de Weretilneck y al gobierno Municipal de la intendenta Martini complice de Goye y de la cacería de pobres del gobernador Weretilneck», afirmaron. Y sostuvieron que «estos hechos se enmarcan en una avanzada del Estado en no solo mas precarización laboral y ajustes salariales sino en el intento de aplicación de la Ley Antiterrorista y una sucia campaña de persecución a los pobres y a los que luchan».

Concluyeron, afirmando que «saldremos a denunciar por todos los medios todos y cada uno de los días que pasen nuestros 11 compañeros detenidos en las «celdas de castigo» del penal de Viedma y las celdas de la PFA y las comisarías de Bariloche y Dina Huapi», como también continuar reclamando su libertad definitiva en las calles, advirtiendo luego acerca de «las situaciones de tortura y muerte a las que se estan sometiendo los pueblos Qom de Chaco y Formosa».