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“Las mujeres valemos centavos para el municipio, la provincia y la nación”

El lugar que ocupa la mujer en la sociedad se ha vuelto un tema cada vez más analizado y trabajado desde distintos sectores. Sin embargo, aun queda mucho camino para desandar y eso se evidencia, especialmente, en la manera en que los órganos estatales destinan recursos para prevenir la violencia de género y acompañar a las mujeres que la sufren.

La ciudad chubutense de Esquel no es la excepción, al punto de que la presidenta del Consejo de la Mujer, Graciela Avilés, afirma que el municipio le destina más recursos a bromatología o al quirófano móvil que al consejo que ella preside. Para ella, el valor que se le da a la mujer va en consonancia con el presupuesto que se le destina a las áreas que deberían protegerla.

Explica que el año pasado contaba con un presupuesto anual de $3.500, mientras que para este año logró incrementarlo a $20.000.
La misma desidia se puede observar en la casa refugio Cumelcan, que no posee los profesionales necesarios para abordar los casos que reciben, o que aun no se haya eliminado la elección de la reina en la Fiesta del Ski.

Incluso, se intentó organizar una línea de atención directa a casos de violencia de género hacia las mujeres, pero no se consideró más que el número y un teléfono que sonara, omitiendo la capacitación de los encargados de brindar respuestas.

Los resultados están a la vista y Avilés afirma que del año pasado a éste aumentó casi un 70% el número de víctimas en la ciudad de Esquel, siendo la localidad con mayor cantidad de casos en toda la provincia.

La situación que vive Chubut no es ajena a esta realidad. Julieta Galván, miembro del colectivo feminista Crisálidas y de la Multisectorial de Mujeres de la provincia explica que el ejemplo más claro fue la Ley de Emergencia de Género impulsada desde esta red.

Dicha ley fue vetada por el gobernador y luego vuelta a aprobar a principios de este año, ya sin poder vetarla por segunda vez. Su texto prevé la creación de casas refugio en todas las localidades, equipos profesionales de contención, subsidios laborales y de vivienda para las mujeres, entre otros derechos.

Sin embargo, la ley aun no fue reglamentada y ninguna de esas políticas pudo llevarse a la práctica.

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