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Contra la basura informativa

Natalia Vinelli, “Contra la basura informativa”. Publicado en Revista Sudestada. Bs As., Nro. 119, junio 2013

La agenda de los medios hegemónicos durante las últimas semanas se organizó nuevamente alrededor de la ley de medios y la “libertad de prensa”, que en realidad es libertad de empresa. Como viene sucediendo desde que se aprobó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, todo el debate gira alrededor de la pelea Clarín/Gobierno (hecha de chicanas, exabruptos y sobre todo basura informativa), dejando de lado aspectos que parecen interesarles menos a ambos contendientes, como la efectivización del 33 por ciento del espectro destinado a los medios sin fines de lucro.

Desde que la Cámara Federal Civil y Comercial fallara a favor de Clarín en su reclamo de inconstitucionalidad, y mientras la Corte Suprema se expida sobre el tema, el grupo parece decidido a todo o nada. Jorge Lanata, fiel a su estilo mercenario, es claro cuando dice que “pasan los gobiernos, pero los medios seguimos estando”. Le siguen las payasadas de Elisa Carrió y el decreto en defensa de la libertad de expresión firmado por Mauricio Macri, y otros tantos personajes que evalúan pasos similares en una mezcla de oportunismo y favores a cobrar más adelante.

Del otro lado, la edición brutal de 678 puede verse como la avanzada de una política de obsecuencia que pasa por arriba de medidas que el propio gobierno en su momento impulsó, y que incluso convocó discursivamente como protagonistas centrales de la nueva ley. Es una muestra de esto la notable lentitud que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) evidencia cuando se trata de avanzar sobre las zonas de la ley 26.522 que no están inmediatamente comprometidas con las urgencias políticas de la pelea con el Grupo Clarín, ni con la necesidad de abrir camino a las nuevas empresas de medios que conforman el actual mapa de la comunicación en nuestro país.

En este sentido, la gestión de Martín Sabbatella al frente del organismo no es la excepción. Si bien su discurso se muestra como preocupado por los medios comunitarios, en los hechos los avances son escasos, y no se trata de cambios estructurales. Existen, sí, llamados a concurso para radios FM en localidades sin saturación de espectro en algunas provincias, y los pliegos son más aceptables que los publicados en 2011 y luego suspendidos. Pero no se diferencia en estos concursos las radios alternativas, populares y comunitarias dentro de la categoría más amplia sin fines de lucro, lo cual las pone en desigualdad de condiciones, ni se elaboró el Plan Técnico para el ordenamiento del espectro que en cambio sirve de argumento para no avanzar con la legalización en las grandes ciudades.

También se entregaron por adjudicación directa sólo nueve licencias de las 250 solicitadas para radios de muy baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social y baja densidad poblacional, donde hay disponibilidad de espectro, a través de lo establecido por el artículo 49 de la ley de medios. Algunas de estas radios se instalaron muy recientemente, y tienen incentivo y apoyo gubernamental.

Por fuera del tercio reservado para los sin fines de lucro, se otorgaron 12 licencias para radios de pueblos originaros, que tienen una reserva específica y se obtienen por demanda directa (artículo 89 inciso e); y se entregaron 42 autorizaciones para radios escolares, en el marco de un convenio de políticas públicas entre la AFSCA, el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Estas experiencias se encuentran dentro de los medios públicos, aunque discursivamente se las asocia como un avance dentro del 33 por ciento sin fines de lucro, lo cual evidencia lo poco que se ha logrado en ese terreno a más de tres años de aprobada la ley (del mismo modo engañoso se agitaron los créditos para medios pymes, insinuando una “confusión” entre comunitarios y pequeñas empresas).

En el caso de los canales de televisión no hay pasos adelante que se puedan consignar. El canal mapuche Wall Kintun TV, de Bariloche (dejando de lado la intervención de Pablo García ex director de programación de CN23 según informa la agencia Télam), no se encuadra en el 33 por ciento del espectro destinado a los sin fines de lucro, como señalamos recién. Tampoco hay concursos para radios AM, y la migración a la televisión digital todavía aparece como un interrogante para los comunitarios, cuestión que hace a la marginalidad en la que parece concebirse la comunicación popular.

Lamentablemente las respuestas sobre la tendencia en la TDA surgen revisando lo que hay en la pantalla: permisos experimentales que parecen renovarse automáticamente o no tener fecha de vencimiento, con una presencia casi total de canales comerciales propiedad de nuevos grupos mediáticos afines al kirchnerismo. En representación de los sin fines de lucro está el canal de la UOCRA dirigida por Gerardo Martínez, un gremio que resuelve a los balazos sus internas sin que esto afecte en lo sustancial su relación con las instituciones del Estado.

Por otra parte, en el informe de gestión del primer semestre de Sabbatella al frente del AFSCA se afirma que el organismo está “trabajando […] en la regularización de los canales de televisión de baja potencia que se presentaron al llamado a concurso público cancelado del año 2011” (no dice que la resolución 929 publicada en julio de 2012 por la que se suspendieron esos concursos se comprometía a elaborar nuevas bases y condiciones en un plazo de 30 días). También afirma estar avanzando en “la normalización de los casi 1.600 canales de baja potencia declarados en el censo reglamentado por resolución 03/2009. Estamos trabajando en conjunto con el sector para verificar cuántos medios de los declarados en el censo, efectivamente existen”.

Sin embargo, ninguno de los canales que integramos el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias fuimos convocados a debatir estos temas, aún cuando hace años que salimos en vivo sin ningún apoyo por parte del Estado ni del mercado; nos presentamos en dicho censo y luego en las solicitudes de planificación de previsiones técnicas en banda de UHF, requeridas como condición para concursar en el llamado convocado por resolución 1465, además de elaborar una propuesta concreta de pliegos adaptados a nuestra realidad que no fue tenida en cuenta.

Sabbatella no aceptó reunirse con el Espacio (hablamos por nosotros, aunque entendemos que esta situación es similar para el resto de los colectivos de comunicación alternativa, popular y comunitaria) pese a los insistentes llamados y pedidos de audiencia. En su lugar fuimos recibidos en diferentes oportunidades por funcionarios que en todos los casos argumentaban no conocer nuestros reclamos, para pasar enseguida factura por habernos movilizado a las puertas de la Autoridad, lo cual se considera como “una provocación”. En este sentido el diálogo parece condicionado a acatar sin chistar sus tiempos, y a asumir el lugar marginal que el organismo nos otorga, al no tenernos en cuenta como sector específico.

No nos imaginamos cómo podría haberse aprobado la ley de medios con una lógica como ésta; es decir, sin el gran debate y movilización social que suscitó. Sin estar en la calle. Tampoco entendemos cuál es la ecuación que podría beneficiarnos frente a planteos del tipo “estamos trabajando, no les podemos adelantar nada, sepan que los tenemos en cuenta, llamen más adelante”. Pensamos, y no creemos que sea para nada una exageración de nuestra parte sino al contrario, que ya han pasado más de tres años desde la sanción de la ley como para que la respuesta “sigan esperando y quédense en el molde” pueda conformarnos.

Es cierto que Sabbatella llega al AFSCA hace algo más de 8 meses, pero como él mismo se encarga de aclarar en todas sus intervenciones mediáticas, es parte de un gobierno cuyas dos gestiones anteriores al frente del organismo iban en el mismo sentido que el suyo (lo cual también es reconocido en el balance del primer semestre). Entonces, ¿cuál es la razón que lleva a los funcionarios a enfrentar a cada planteo nuestro el “recién empezamos”, “ustedes no nos dan tiempo”, etc.? ¿Cuánto más tenemos que esperar para conquistar un derecho?

Para ir a fondo contra los monopolios es necesario avanzar paralelamente en la democratización de la comunicación. Y para cumplir con la ley, el Estado debe garantizar el 33 por ciento del espectro para los sin fines de lucro. En este escenario la televisión alternativa, popular y comunitaria ocupa un lugar claramente distinto del que ocupan los medios públicos-estatales y los pequeños emprendimientos comerciales, en la medida que entiende la comunicación como un bien social y no como una mercancía que se vende en el mercado. La TV alternativa expresa lo que en la sociedad no es negocio, nada más y nada menos.

Por eso seguimos movilizados: para que el fuego cruzado entre el gobierno y un grupo económico contra el que combatimos desde que tenemos memoria no pase por arriba de derechos largamente postergados. Contra la basura informativa que propalan las empresas periodísticas, la alternativa no es el relato ficcional de 678, sino que las organizaciones libres del pueblo dispongan de las herramientas para impulsar su voz y sus propuestas. –NV

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