«A pesar del Proceso de Paz y Ley de Amnistía permanecen 600 presos de FARC en cárceles colombianas»

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC-EP, Timoleón Jimenez, suscribieron el 26 de Septiembre de 2017 en Cartagena de Indias el histórico acuerdo de paz. La insurgencia mas antigua del continente latinoamericano abandonó las armas para hacer política abierta a partir de éstos acuerdos y el gobierno asumió el compromiso de hacer cumplir las políticas necesarias para garantizar una reforma rural integral, apertura democrática para la participación en política, un acuerdo sobre victimas del conflicto social y armado, y la creación de un sistema de justicia transicional, entre otros. Al día de hoy, el gobierno no cumplió con lo acordado y varios ejes aún se encuentran en el tintero, importantes para lograr reformas de fondo.

Entre los temas urgentes se encuentra la situación de las y los presos políticos en general, y la de los prisioneros de las FARC en particular. Gustavo Gallardo, Presidente de la Fundación Lazos de Dignidad y reconocido abogado defensor de presas y presos políticos de Colombia aclaró: «A pesar del proceso de paz, la Ley de Amnistía y la Ley de Excarcelación permanecen 600 prisioneros de FARC en cárceles colombianas», y agregó que la cifra asciende a 1500 si se contabilizan los lideres sociales que se encuentran tras las rejas.

Gallardo es el abogado defensor de Jesús Santrich en la causa por la que se lo acusa de vínculos con el narcotráfico. Santrich es un miembro destacado de FARC, participó en la Mesa de Paz en La Habana y de la CSIVI, Comisión para el Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación de los Acuerdos. El ex guerrillero además es un congresista electo por el departamento del Atlántico a la cámara de representantes, pero la persecusión política contra su persona y contra los lideres de las FARC hace que se encuentre hoy recluído en la cárcel La Picota de Bogotá y con pedido de extradición a Estados Unidos.

«Esto es un montaje judicial, orquestado y elaborado por la DEA, por la Fiscalía General de la Nación y por la Embajada de Estados Unidos en Colombia», explicó Gallardo, quien aclaró que no hay pruebas en su contra y que el proceso se encuentra repleto de irregularidades.

Por último, el defensor de derechos humanos caracterizó a Iván Duque, presidente electo el 17 de junio pasado como «la continuidad del uribismo» y pidió solidaridad internacional y que la población se movilice contra sus políticas.